http://youtube.com/post/UgkxAcyq6WvVTXfRCsFyca50tOoDMkICiJon?si=B4PwurXRTrS5rwgf

Hay que tener en cuenta que la ley 2/2023 es transposición de la Directiva UE 2019/1937, que cualquier duda sobre la adecuación de las leyes españolas (incluido el Código Penal) con el derecho comunitario debe resolverse por el TJUE, a través de las llamadas cuestiones prejudiciales.  

🔴”Nadie debe de estar en la cárcel por denunciar y hacer públicas las cuentas en paraísos fiscales de periodistas, magistrados o políticos, aunque se trate de García Ferreras, Manuel Marchena o Núñez Feijóo”, dice el juez Presencia.
Durante la vigencia de la jurisdicción del Tribunal Eclesiástico, el honor, desde la perspectiva del derecho canónico, se consideraba un atributo divino que ennoblecía a las personas. 

El deshonor, también desde este punto de vista, es una prerrogativa que correspondía exclusivamente al tribunal eclesiástico. 

Quien deshonraba a otro por su propia cuenta, sin acudir ante la jurisdicción, podría estar cometiendo un pecado. 

Por ello, quien deshonraba sin motivo, sin demostrar sus imputaciones, pecaba y tenía que ser condenado. 

Quien deshonraba a otro con motivo, y lo probaba, conseguía la absolución. 

Pero lo realmente importante es que, en ningún caso se investigaba después de la imputación deshonrosa. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este es el tratamiento que quedó reflejado en el procedimiento especial de injurias y calumnias contra particulares, y es el que recoge la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos contra el honor. 

El particular que imputa a otro un delito, o una infracción administrativa grave o muy grave, y no es la víctima ni tampoco testigo, comete un delito si no prueba en juicio la verdad de sus imputaciones. 

Si la prueba, es absuelto. Pero no se investigará después los hechos que haya imputado, aunque sea un delito. 

El panorama jurídico actual ha cambiado con la Ley 2/2023 de protección del informante de corrupción, que establece como obligatoria la investigación de todas las informaciones sobre delitos e infracciones administrativas graves o muy graves, aunque el informante no sea ni víctima ni testigo del delito de la infracción administrativa; Y con independencia de que la información sea publicada en redes sociales o presentada ante la propia administración. 

La investigación, si el informante no es testigo ni víctima, tiene que llevarla a cabo un órgano administrativo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), que ha sido creada por el Real Decreto 1101/2024, que es la que decide si la información es verosímil o no. 

Si es verosímil, este órgano la enviará a la Fiscalía o al órgano competente para que la investigue. 

Si es falsa la información, abrirá a continuación un procedimiento disciplinario para sancionar al infractor, con multas que van desde los 30.000 a los 300.000€. 

El concepto sobre el que se construye todo este panorama jurídico nuevo es la consideración de que, informar o denunciar sobre la comisión de un delito o infracción administrativa grave o muy grave es un derecho fundamental, a la libertad de expresión y de información, y cualquier ciudadano podrá hacerlo como si fuera un periodista aunque no lo sea. 

Por lo tanto, ya no es necesario ser ni perjudicado ni testigo para poder informar sobre delitos o infracciones administrativas cometidas por terceros, aunque se trate de funcionarios públicos o autoridades. Tampoco es necesario ahora ser periodista para hacer pública esta información. 

Si la denuncia se pone en los juzgados o en la Fiscalía, y se reputa falsa la información, estos órganos tendrán que ponerlo en conocimiento de la AAI para que sea ella quien sancione. 

Si la denuncia se hace directamente ante la AAI, este órgano será el que tiene que pronunciarse sobre la verosimilitud de la información, y si es falsa, abrirá este mismo órgano un procedimiento sancionador.

La consecuencia legal de todo lo expuesto es que, ha quedado derogado expresamente el procedimiento especial por los delitos de injurias y calumnias contra particulares previsto en la LECrim (La Ley de Enjuiciamiento Criminal), según la disposición derogatoria del propio RD 1101/2024; y también ha quedado derogado tácitamente, por el efecto derivado de la primacía del derecho comunitario, los llamados delitos de difamación, esto es, las injurias, la calumnia y la denuncia falsa. 

El juez Presencia podría salir en libertad el próximo 27 de noviembre; la razón es que su sentencia todavía no es firme y por ello al cumplir la mitad de su condena, tendría derecho a ello. A continuación, reproduzco el comunicado que ha enviado por Telegram.
"El 21 de julio se le indicó por el centro penitenciario que dejaba de ser preso preventivo, por la causa de la Audiencia Nacional, y pasaba a ser condenado en firme por otra causa distinta, esta vez la ejecutoria del juzgado de Talavera de la Reina. Pero en ningún caso se le notificó ni el Auto ni el Mandamiento de ingreso en prisión, y tampoco se le notificó ningún Auto aprobando ninguna liquidación de condena. 

El 11 de septiembre de ese mismo año fue trasladado a la prisión de Logroño, donde actualmente se encuentra. 

La sentencia que se supone que está cumpliendo, le condena a las penas de 18 y 16 meses de prisión por dos delitos, pero a día de hoy no se sabe si esa condena es o no firme. 

Si no es firme, el próximo 27 de noviembre, fecha en la que se cumple la mitad de esa condena, debería ser puesto en libertad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 504.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al cumplir la mitad de la condena impuesta pendiente de firmeza. 

Si fuera firme la sentencia, ese mismo día 27 de noviembre próximo tendrá derecho a que se le conceda la libertad condicional por aplicación del artículo 90.3 del Código Penal, al cumplir la mitad de una condena que no supera los tres años de prisión".

Importante que veáis este vídeo para entender mucho mejor lo que pasa.

https://www.instagram.com/reel/DB8ZPNlKcaW/?igsh=MWtoMzVnaGhzcGduYQ==

?Apoyo Continuo por la Liberación del Juez Fernando Presencia. *?***

Queridos amigos y simpatizantes,

En un nuevo mes, nos acercamos al año y cinco meses desde que el Juez Fernando Presencia fue detenido y encarcelado en la prisión de Logroño, sin más razón que su lucha incansable por la justicia y la verdad.

En esta fase crítica, cada aporte cuenta para cubrir los costos de su defensa y brindarle el apoyo esencial. Sabemos que la situación de los damnificados por la Dana requiere atención, estamos con ellos y pedimos justicia, pero también es vital no abandonar esta causa, ya que los gastos por desgracia, no cesan.

Unidos, podremos marcar la diferencia. Sigamos siendo el apoyo del juez del pueblo y su familia, hasta ver garantizada su libertad.

#LibertadJuezPresencia

Con el esfuerzo de todos, lograremos su liberación.

✅¡Sigue apoyando!✅**Métodos de ayuda rápida:
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JUSTICIA PARA EL JUEZ DEL PUEBLO Y SU FAMILIA. ?**

?EN ABOGADOS DISIDENTES BUSCAMOS A ALGUIEN DISPUESTO A AYUDAR CON LAS SOLICITUDES DE LA DANA

En Abogados Disidentes siempre buscamos a alguien que nos quiera acompañar en este viaje de formación de nuevos abogados.

Nos llenamos de alegría al poder confirmar que somos de los primeros despachos de España que lucha contra la corrupción y la agenda 2045. Jamás traicionaremos a quienes confiaron en nosotros ni nos vendemos a grandes despachos, así como tampoco trabajamos para la Administración Pública. Estamos buscando a alguien así.

Si eres estudiante de último curso del Grado en Derecho y quieres desarrollar una pasantía, o estás empezando el Máster de Acceso a la Abogacía y quieres descubrir si esta profesión es lo tuyo y quieres hacerlo distinto, en un despacho con cariz social, contáctanos y charlemos un rato sobre el futuro de la abogacía.

Te estaré muy agradecido si compartes esta publicación para que llegue a más personas. Alguien habrá que esté buscando su oportunidad.

PD: no te preocupes por la distancia, porque somos un despacho que también opera a nivel remoto o en teletrabajo.

Solicitudes al correo [email protected]

*?El juez Presencia: un ejemplo de integridad en la lucha contra la corrupción.El juez Presencia se destaca como una figura singular y valiente en el sistema judicial, el único en su posición que denuncia la corrupción desde dentro, con una convicción inquebrantable. No busca seguidores para elevar su imagen ni para obtener poder; sus seguidores son su única protección*, una red de apoyo que le permite continuar con su misión de exponer y combatir las injusticias que enfrenta.

A diferencia de algunos, también muy respetables, el juez Presencia no aspira a cargos ni a candidaturas. Su única ambición es la justicia y su único compromiso, el bienestar de la sociedad. Si su propósito fuera el beneficio personal, podría haber escogido el camino más fácil: alinear sus intereses con los de aquellos que han utilizado su posición para enriquecerse. Sin embargo, se ha mantenido leal a sus principios, demostrando que la honestidad y el honor aún existen en el sistema. Es un hombre honesto y honrado que, lejos de la opulencia de aquellos que anteponen sus intereses al deber, ha vivido con sencillez y entrega absoluta.

Su patriotismo no es una bandera de palabras vacías; es una vocación que le ha costado grandes sacrificios, incluida su libertad. Con determinación, el juez Presencia ha enfrentado no solo los riesgos de su propia profesión, sino también el precio de señalar sin temor aquello que muchos callan. Ha estado dispuesto a asumir las consecuencias en su vida personal y profesional, sacrificándose por todos aquellos a quienes protege: los ciudadanos de este país.

Su camino no es fácil y no busca que lo sea. El juez Presencia representa la verdadera esencia de la justicia, con la transparencia y la lealtad como sus guías. Su lucha es un llamado a todos aquellos que creen en un sistema más justo, libre de corrupción. Para seguir adelante, necesita el respaldo de quienes también creen que un cambio es posible.

Firmado: Todos aquellos que lo conocemos bien.